Los problemas de movilidad que presenta Quito no se limitan únicamente al caos vehicular, que se produce en la mayor parte del día ni al mal estado de las vías.

Los peatones también sufren un viacrucis para trasladarse de un lugar a otro.

En dos recorridos realizados por PRIMICIAS, el 13 y el 14 de abril de 2022, se pudo constatar que una gran cantidad de veredas está en mal estado y sin mantenimiento.

Estos espacios, en muchos casos, se convierten en un peligro para quienes las utilizan, pues están llenas de huecos, desniveles y basura.

La presidenta de la Asociación de Peatones de Quito, Karina Gallegos, sostiene que la falta de mantenimiento de las veredas perjudica a todos los habitantes de la ciudad.

“Una acera que tiene maleza es un lugar idóneo para que se produzca un accidente porque los peatones no ven donde pisan”, explica.

Además, según Gallegos, las veredas son utilizadas como estacionamientos de autos y de bicicletas o como una extensión de los locales comerciales que colocan vallas publicitarias.

“Esto ahonda aún más los problemas de movilidad de los peatones y los obligan a que deban caminar por la calle, volviéndolos más vulnerables frente a los vehículos”, dice.

Imagen de una vereda en el norte de Quito, el 14 de abril de 2022. API

Quienes se llevan la peor parte en las aceras de Quito son las personas con discapacidad.

Xavier Torres, presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad, expresa que “la gran mayoría de veredas de Quito no brindan las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan trasladarse de un lugar a otro con autonomía”.

Torres se refiere, por ejemplo, a que muchas aceras no cuentan con rampas. “Las pocas que tienen fueron construidas sin ninguna norma técnica”.

El Servicio Nacional de Normalización (INEN) exige que las rampas tengan un ancho mínimo de dos metros y una inclinación de máximo 12 grados. Mientras que el acceso que debe brindar una vereda un paso peatonal debe tener al menos 1,5 metros.

“Esto no siempre sucede. Las personas con discapacidad, sobre todos quienes tienen discapacidad visual, deben hacer malabares para movilizarse. O sino pedir ayuda, pero esto está lejos de ser lo ideal porque deberían poder moverse por sus propios medios”, agrega.

Andrea López perdió la vista cuando tenía ocho años. Recuerda que en 2021 se rompió el brazo derecho cuando cayó al piso luego de tropezar con un hueco que se había formado en una vereda, en el sur de Quito.

“Quisiera que una persona cierre los ojos y camine un momento por la ciudad. Seguramente se tropezará con piedras u obstáculos que hay en las veredas”, reflexiona.

Ella pide que la ciudad sea más incluyente con las personas con discapacidad.

Una vereda llena de maleza, en el norte de Quito, el 14 de abril de 2022. API

El Código Municipal establece que los propietarios de los inmuebles serán los responsables del cuidado y mantenimiento de las veredas, liberando de cualquier responsabilidad al Cabildo.

Las personas que incumplan esta norma deben pagar una multa del 20% del salario básico unificado, es decir, USD 85. La sanción para quienes destruyen una acera se incrementa al 30% de un salario básico: USD 127,50.

La Agencia Metropolitana de Control reconoce que en lo que va del año no ha emitido ninguna sanción. Únicamente se ha limitado a realizar 255 advertencias, sobre todo en el sector de La Mariscal.

“Lo que buscamos es concienciar a los ciudadanos para que colaboren con el ornato de la ciudad”, dijo el Departamento de Comunicación.

La presidenta de la Asociación de Peatones de Quito, Karina Gallegos, cree que el municipio debe asumir la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de las veredas.

“Lo que podría hacer el municipio es cobrar una tasa para que cuente con fondos para esta tarea. Lo que pasa es que no hay interés y las autoridades se lavan las manos frente a este problema”, dice.

Por el contrario, Xavier Torres, presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad, señala que no es oportuno cobrar más impuestos por la crisis económica del país.

“El Municipio, más bien, debe hacer mayores controles y sancionar a quienes incumplan el Código porque si la autoridad solo se limita a advertir, nadie asumirá su responsabilidad”, advierte.

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