Hace once meses lo mataron en la comisaría de San Clemente. Quisieron fraguar una muerte por autolesiones. El ministro de Kicillof estigmatizó a la víctima. “Dijo muchas falsedades y nunca nos pidió disculpas”, dice a este diario Laura, compañera de Alejandro. Acá todos los detalles de la elevación a juicio por “homicidio agravado con ensañamiento y alevosía”.

La noche del miércoles 17 de noviembre de 2021 Alejandro Martínez, de 35 años, se alojaba en una habitación del séptimo piso del Hotel Fontainebleau de San Clemente del Tuyú. Según le informó esa tarde a Laura Laganá Santillán, su expareja, tenía en su poder una importante suma de dinero que iba a trasferirle al otro día para cumplir con un acuerdo por alimentos para su hijo de cuatro años.

Apenas comenzado el jueves 18, desde el hotel llamaron al 911. Según algunas versiones, se escuchaban ruidos fuertes en la habitación de Martínez y éste se mostraba “agresivo”. Minutos después arribaron al lugar dos patrulleros de la Comisaría Tercera de esa localidad del Partido de la Costa. Los policías subieron al séptimo piso, encontraron al hombre fuera de la habitación, sentado en una escalera. Tranquilo, no opuso resistencia. Lo esposaron y se lo llevaron a la comisaría. Menos de dos horas su cadáver yacía en un calabozo. Murió por asfixia mecánica, con varias costillas rotas y heridas en todo el cuerpo.

Como muestra el video de la cámara de seguridad del hotel, Alejandro salió caminando pacientemente y sin signos de estar malherido. Lo sacaron descalzo, en shorts y sin sus anteojos (por un accidente laboral estaba ciego de un ojo y sólo tenía la mitad de la visión en el otro). Los policías revisaron la habitación y sacaron todas sus pertenencias. Pero el dinero que iba a depositarle a su expareja al día siguiente nunca apareció.

Apenas dos días y medio después de la muerte de Martínez, el ministro de Seguridad y jefe político de la Policía Bonaerense, Sergio Berni, dio una extensa entrevista en el canal de noticias Crónica HD. La familia de la víctima, aún shockeada, no podía creer lo que escuchaba de boca del funcionario.

Berni acusó al fallecido de haber sido detenido “tres veces en menos de una semana”, que días antes lo habían encontrado “tirado en la calle, totalmente drogado” y hasta que había intentado “robar en una casa” pero “afortunadamente llegó la Policía y lo detuvo”. Sobre los hechos de la madrugada del 18, el ministro aseguró que las heridas y hematomas de Martínez eran autolesiones por “un brote que tuvo”.

Según Berni (y los abogados defensores), ninguno de los nueve policías involucrados le tocó un pelo a Martínez. Sólo lo habrían aprehendido para que no se lastime a sí mismo ni a terceros. Hasta habrían querido hacerle una revisión médica pero en el Hospital de San Clemente (ubicado a metros de la comisaría) no los habrían atendido. Un típico relato construido para exculpar a los principales sospechosos de un crimen atroz.

Cuando aún la familia de Martínez intentaba armar el cuadro de situación, Berni y sus aliados llegaron a cuestionar la autopsia realizada en la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora. “No hay nada que me cierre de la autopsia, nunca vi una pericia de este tipo y, la verdad, es bastante superficial. Por eso pedimos una nueva autopsia y nuevas medidas”, decía Berni por televisión. Cuando una segunda autopsia corroboró las conclusiones de la primera y agregó más detalles macabros, Berni se llamó a silencio.

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En diálogo con La Izquierda Diario, Laura Laganá Santillán afirma que “Berni desde un primer momento se equivocó totalmente en lo que dijo. Sin tener ninguna constancia dijo que Alejandro era un adicto, un ladrón y un montón de cosas horribles que nos dolieron. Los años que estuve en pareja y después estando separados que venía a mi casa, jamás lo vi drogado a Alejandro. A casi un año, Berni nunca nos pidió disculpas”.

Berni no habla ni actúa improvisadamente. Poco antes de que saliera a vociferar su relato en los medios, la Bonaerense ya le había mentido a la familia de Martínez. La misma mañana del jueves 18 de noviembre, la subteniente Eliana Cisneros llamó por teléfono a Laganá Santillán y le dijo que su expareja había fallecido “a las 2 de la mañana” (después del horario real de la muerte), “en la vía pública” y por “un infarto producto de una sobredosis”. Algo similar le dijeron a Juan Carlos Martínez, hermano de Alejandro, que descubrió la mentira cuando viajó desde Brandsen a San Clemente para hacerse cargo de los trámites. También les dijeron que a Martínez lo habían trasladado al hospital, algo que nunca sucedió.

Este miércoles la familia de Martínez y la Comisión Provincial por la Memoria (que actúa como querellante institucional en la causa) recibieron una buena noticia. El juez Diego Olivera Zapiola, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Tuyú, ordenó la elevación a juicio de la causa luego de que el fiscal Martín Prieto de la UFID 2 cerrara la instrucción tras diez meses de investigación.

“Estoy totalmente de acuerdo que el juez Olivera Zapiola haya elevado a juicio a los tres coautores y a los seis partícipes secundarios”, dice Laganá Santillán a este diario. “Ojalá podamos llegar a una condena ejemplar, que cada uno pague lo que corresponda por el asesinato de Alejandro que fue tan injusto, tan inmerecido”, expresa con serenidad.

En su escrito de elevación a juicio (317 páginas a las que accedió este diario) el juez detalla, entre muchos otros fundamentos, medio centenar de pruebas (testimonios, documentación y pericias) que, combinadas en un análisis integral, lo llevan a coincidir con el fiscal en que los nueve policías imputados tuvieron responsabilidad en la muerte de Martínez.

En el caso de los oficiales José Pereyra (35), Christian Rohr (31) y Maximiliano Munche (48), hoy detenidos en Batán, se los juzgará por ser “coautores” del “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”. Los otros seis, oficiales Laura Chiarullo (36), Evelyn Garófalo (28), Jaqueline Mansilla (30), Carla Cantarella (30), Sandro Mujica (35) y Miguel Boulos (54) serán juzgados por “partícipes secundarios”.

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Las autopsias detectaron multiplicidad de lesiones en casi todo el cuerpo de Martínez, desde la cabeza hasta las manos y los pies. Coincidieron en “un cuadro asfíctico tanto por sofocación” (impedimento de ingreso de oxígeno por nariz y boca) “como compresión extrínseca tóraco abdominal” y “asfixia posicional” (sujeción de la víctima boca abajo). Además se halló en el tórax una lesión semicircular de 7 cm, “compatible con el golpe o choque con o contra un elemento figurado” de “una intensidad tal” que le produjo una fractura letal de tres costillas.

A su vez un testigo clave (detenido en otro calabozo aquella noche) dijo que Martínez fue ingresado a la comisaría “llorando y diciendo ‘basta, por favor basta’”, que al asomarse a ver qué pasaba vio al detenido “tirado en el piso” mientras un grupo de policías lo sujetaba, “uno parado sobre las piernas” y dos “agarrándole los brazos”. Que vio “sangre en las esposas” y que “lo llevaron al calabozo del fondo”, donde durante diez minutos se escucharon golpes contra las rejas y quejidos. “El muchacho no podía resistirse”, dijo el joven cuya identidad se preserva por obvias razones.

Con las pruebas sobre la mesa, el fiscal Prieto y el juez Olivera Zapiola no dudan en que Martinez fue “retirado del hotel incorporado, calmado y en buenas condiciones de salud”, que “no fue llevado a ser hospitalizado por los efectivos policiales en situación de emergencia alguna” y que, “por el contrario se lo habría ingresado a la dependencia policial hiperactivo y gritando, siendo cargado por los efectivos cómo un costal o bulto (como lo refieren testigos presenciales, y lo reconocen los propios efectivos en sus declaraciones), lugar donde a la postre se produjo su muerte”.

Como era de esperar, las defensas de los nueve policías se opusieron a la elevación a juicio, pidieron la nulidad y el sobreseimiento de todos sus defendidos. El juez rechazó esos pedidos, pero es importante conocer los fundamentos de esos abogados para entender un poco más cómo funciona la maquinaria de encubrimiento impulsada desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Este diario ya detalló cómo en el caso del crimen de Daiana Abregú, ocurrida el pasado 5 de junio en una comisaría de la localidad de Laprida, abogados del Ministerio asumieron la defensa de parte de los policías involucrados en el crimen. El mismo artilugio utilizado en la causa por el homicidio de Martínez, donde el abogado Daniel Funes, de la Asesoría Letrada del Ministerio, es parte de la defensa.

Funes actúa “en equipo” con otros personajes íntimamente ligados a la “familia policial”. El caso más relevante es el del abogado y expolicía federal Rubén Adrián Fernández, quien también defiende a parte de los policías del caso Abregú. Como ya se relató en otro artículo, en la causa de Martínez (al igual que en la causa de Daiana) el doctor Fernández llegó a violar el artículo 249 del Código Procesal Penal bonaerense (con complicidad judicial), al participar e interferir en la segunda autopsia (pedida por Berni) realizada en Lomas de Zamora. Un hecho de gravedad, prohibido para quien no sea perito autorizado.

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Tanto Fernández (defiende a Munche y Boulos) como las abogadas y abogados que defienden al resto de los policías se esforzaron durante diez meses en entorpecer la investigación a como dé lugar. Ahora, ante la elevación a juicio, dijeron que el fiscal hizo todo mal y que no se probó ni la coautoría del hecho ni otras responsabilidades de sus defendidos. A su vez buscaron desautorizar el testimonio clave del otro detenido aquella noche. Y llegaron a decir que el Poder Judicial vulnera la Constitución Nacional y viola los derechos humanos de las y los procesados.

Obviamente, justificaron la muerte de Martínez en supuestos “antecedentes” que demostrarían su conducta “delictual” y el supuesto consumo problemático de drogas. Toda la defensa se basa en decir que las heridas mortales sufridas por Martínez se las produjo él mismo en el Hotel Fontainebleau , antes de que los uniformados tomaran contacto con él. Provocador, uno de los abogados negó la acusación de torturas con un argumento temerario: “tortura es otra cosa”. Y otro sentenció: “sólo sabemos que el personal policial estuvo esa noche de servicio en la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyu y nada más”.

Laura no pierde su serenidad, pero a la vez acusa con firmeza. “Alejandro ni siquiera tenía antecedentes penales, es mentira que había robado unos días antes como se se dijo, menos que había querido entrar a una casa”, dice a La Izquierda Diario. De hecho desmiente la posibilidad de un posible robo ya que Martínez “tenía dinero, había cobrado una indemnización por su accidente laboral”.

“Él tenía una incapacidad, no veía de un ojo y del otro veía el cincuenta por ciento. A causa de eso lo indemnizaron en el trabajo y él me dijo esa misma tarde que me iba a transferir un dinero que tenía consigo en el hotel. Esa plata nunca apareció. Mintieron en un montón de cosas y nunca pidieron perdón a la familia. Hacen un gran daño”, concluye Laganá Santillán a la espera de una fecha para el juicio oral contra los nueve policías.

En su escrito de elevación a juicio, el juez Olivera Zapiola afirma que las muertes en comisarías “tienen la particularidad de que la escena del hecho se encuentra absolutamente dominada por la fuerza que custodia el lugar”. De allí que, si se trata de un homicidio producido por los agentes, “es muy sencillo para sus miembros manipular elementos de prueba y ocultar evidencia en los primeros minutos” a la vez que “coordinar un relato armónico de lo sucedido”.

“La aceptación de la versión policial sin cuestionamiento al inicio de las investigaciones criminales, dificulta el acercamiento a la verdad”, dice el juez al tiempo que identifica a estos casos como “graves violaciones a los derechos humanos por las que el Estado tiene un deber agravado de investigar, dilucidar lo que sucedió e identificar a los responsables”.

El caso de Martinez, concluye el juez, concentra “una violencia extrema por parte de una fuerza policial que debería previamente haber gestionado correctamente una atención a la crisis de salud mental que habría estado transitando Martínez”, de quien asegura que en ese momento transitaba “una extrema situación de vulnerabilidad”. Demasiado contundente.

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Resta saber si el Poder Judicial se dignará, al menos en este caso, a imputar a Sergio Berni por su comprobada actitud cómplice hacia los criminales de uniforme. A una semana de la represión brutal de la Bonaerense contra miles de hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde la fuerza asesinó a César “Lolo” Regueiro e hirió a decenas de personas, el “manual del perfecto encubridor” del ministro quedó tan en evidencia que hasta le pidieron la renuncia desde sectores del Frente de Todos que lo habían bancado en otros casos aberrantes como el de Facundo Astudillo Castro, Tehuel de la Torre o Daiana Abregú.

Hasta ahora, más allá de las peroratas internas (y de ciertas bravuconadas de las segundas o terceras líneas del kirchnerismo), Berni sigue en funciones gracias a la banca explícita del gobernador Axel Kicillof. Una política de Estado.

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